Su intervención permitió conocer de manera directa cómo observa la DNIT el crecimiento de los activos digitales, por qué decidió crear una obligación especial de información y qué tipo de control pretende desarrollar en los próximos años.

Los criptoactivos ya son parte de la economía real

Orué inició su exposición con una idea central: aunque los criptoactivos no sean moneda de curso legal en Paraguay, tienen una realidad económica que el Estado no puede ignorar.

Actualmente se utilizan como inversión, reserva de valor, medio de intercambio y forma de pago por bienes y servicios, además, pueden transferirse en segundos, operar sin fronteras y generar ganancias o aumentos importantes en el patrimonio de una persona o empresa.

Según explicó, para la DNIT durante mucho tiempo estas operaciones se desarrollaron en una especie de universo paralelo, fuera del control tributario tradicional, sin embargo, dejaron de ser un fenómeno marginal y hoy forman parte de la actividad económica cotidiana.

Para Orué, esto representa un desafío, pero también una oportunidad. Por un lado, la DNIT debe evitar que las operaciones se utilicen para ocultar rentas, evadir impuestos o facilitar actividades ilícitas. Por otro, Paraguay cuenta con energía renovable y condiciones que podrían posicionarlo como un centro regional de minería e infraestructura digital.

Su planteamiento fue que la regulación no debería frenar la innovación, sino acompañarla con reglas claras y previsibles.

El problema que identifica la DNIT: la falta de información

Orué resumió el problema tributario de manera sencilla: sin información, la DNIT no puede controlar.

Una dirección de billetera no siempre está vinculada directamente con una identidad fiscal. Muchas plataformas operan desde el exterior, algunas no tienen domicilio conocido y también existen transacciones realizadas directamente entre personas, sin intermediarios.

Esa falta de información, sostuvo, puede facilitar la evasión, el crimen organizado y una competencia injusta frente al contribuyente que sí declara y paga sus impuestos.

La respuesta de la DNIT fue la Resolución General DNIT N.º 47/2026, aprobada el 10 de marzo de 2026 sobre la cual se centró la exposición que da origen a este artículo. Orué la presentó como el primer paso concreto hacia un sistema tributario más trazable para las operaciones con criptoactivos.

Qué establece la Resolución 47

La resolución obliga a suministrar anualmente información sobre las operaciones realizadas con criptoactivos.

Utiliza una definición amplia que incluye bitcoin, stablecoins, tokens de utilidad, NFT y otras representaciones digitales de valor. También contempla exchanges, billeteras controladas por el propio usuario, plataformas centralizadas y descentralizadas, minería, staking (bloqueo de activos a cambio de recompensas), préstamos y otros mecanismos similares.

Entre las operaciones que deben informarse se encuentran la compra, venta, tenencia, intercambio, transferencia, pago, donación, minería y obtención de rendimientos.

Los obligados son:

• los propietarios, administradores o responsables de plataformas que operen en Paraguay; y

• las personas y empresas residentes o constituidas en el país cuando el total anual de sus operaciones supere los USD 5.000 y hayan operado mediante plataformas del exterior o sin una plataforma intermediaria.

El límite de USD 5.000 se calcula sobre el volumen de operaciones, no sobre la ganancia obtenida ni sobre el saldo que quedó al finalizar el año.

La declaración deberá presentarse anualmente a través del sistema Marangatu. Para los contribuyentes con cierre al 31 de diciembre, la primera presentación corresponderá a las operaciones de 2026, para ello, deberá incorporarse al RUC la obligación 959–DJI Criptoactivos.

La DNIT solicitará datos detallados de cada operación: fecha y hora, activo utilizado, cantidad, valor en dólares, comisiones, direcciones de origen y destino, identificador digital de la transacción, tipo de billetera e identificación de las partes cuando resulte posible.

La presentación fuera de plazo tiene una multa de G. 1.000.000, no obstante, Orué aclaró que la finalidad principal no es aplicar esa multa, sino utilizar la información para detectar posibles ganancias, servicios o incrementos patrimoniales por los que no se pagaron los impuestos correspondientes. En esos casos, las consecuencias pueden ser considerablemente mayores.

Una fiscalización apoyada en tecnología blockchain

Otro de los anuncios más relevantes fue que la DNIT ya está incorporando herramientas tecnológicas para analizar operaciones.

Orué explicó que la institución realizó un plan piloto con personas que presentaban aumentos patrimoniales vinculados con criptoactivos, esas personas fueron convocadas para explicar sus operaciones y, según señaló, el ejercicio permitió a la DNIT comprender mejor el funcionamiento del mercado antes de aprobar la resolución.

También afirmó que la Administración cuenta con herramientas para seguir movimientos en blockchain e identificar, en determinados casos, a los titulares de los activos, no brindó detalles técnicos, pero sostuvo que la DNIT puede combinar el análisis de la cadena con información obtenida de fuentes abiertas.

La intención es avanzar hacia una fiscalización inteligente: comparar lo informado con los movimientos detectados, identificar quién cumple y concentrar los controles en quienes presenten inconsistencias.

Orué remarcó que la información suministrada a la DNIT es reservada y que no todos los funcionarios tienen acceso a ella, reconoció la preocupación existente sobre la privacidad de los saldos y las billeteras, pero afirmó que la institución cuenta con perfiles de acceso y mecanismos de protección.

Cómo explicó Orué el tratamiento de las ganancias

Durante la ronda de preguntas, varios participantes consultaron en qué momento una ganancia con criptoactivos debería pagar impuestos.

En una primera respuesta, Orué explicó que mientras el activo permanece en la billetera existe una valoración, pero que la ganancia se materializa cuando se convierte a moneda corriente. Utilizó como ejemplo una persona que compró bitcoin a un determinado precio y luego lo convirtió a dólares por un valor mayor. Según esa explicación, el impuesto recaería sobre la rentabilidad obtenida al hacer efectiva la ganancia.

Posteriormente, ante la consulta de una persona que compra y vende activos propios de manera habitual, señaló que la DNIT podría analizar cuánto valía su cartera al inicio y al final del ejercicio y calcular el resultado anual. Agregó que ese análisis podría realizarse incluso cuando los activos no se hubieran convertido finalmente a dólares o guaraníes.

Esta segunda explicación generó preguntas entre los asistentes, principalmente por la volatilidad del mercado. Se planteó el caso de una persona cuyo activo aumenta de valor al 31 de diciembre, pero cae pocos días después sin que haya sido vendido. Orué respondió que la declaración es anual y reconoció que la regla puede presentar aspectos favorables y desfavorables, así como puntos que deberán evaluarse durante su aplicación.

También se discutió qué significa ser “trader”. Orué inicialmente entendió el término como alguien que intermedia operaciones y cobra una comisión. Luego, un participante aclaró que compraba y vendía exclusivamente con fondos propios. A partir de esa precisión, Orué diferenció la intermediación para terceros de la operación realizada con capital propio y señaló que, en este último caso, debía analizarse el resultado obtenido por la propia persona.

La conversación mostró que para la DNIT no es lo mismo utilizar cripto como medio de pago, mantenerlo como inversión, operar por cuenta propia o prestar un servicio de intermediación. Cada actividad debe ser identificada para determinar qué ingreso obtuvo realmente el contribuyente.

La declaración como respaldo ante los bancos

Uno de los participantes consultó cómo retirar o bancarizar fondos provenientes de cripto sin que una entidad financiera cierre u observe la cuenta.

Orué reconoció que los bancos perciben un riesgo cuando no pueden conocer el origen del dinero. En ese contexto, sostuvo que la nueva declaración puede aportar trazabilidad: quien informe sus operaciones y conserve los antecedentes podrá demostrar que los fondos provienen de una inversión o actividad identificada.

Según su visión, esa información puede dar mayor respaldo a los bancos y facilitar la incorporación de fondos al sistema financiero. También mencionó la necesidad de trabajar de manera coordinada con el sector bancario.

Hacia dónde pretende avanzar la regulación

En la parte final de su exposición, Orué enumeró varios temas que todavía deberán desarrollarse.

Entre ellos mencionó la necesidad de:

• diferenciar el uso de cripto como medio de pago de su utilización como inversión;

• definir cómo y cuándo se producen las ganancias de capital;

• mejorar la identificación de usuarios y la trazabilidad de las operaciones;

• exigir información a las plataformas;

• evitar la doble imposición en operaciones internacionales; y

• coordinar criterios entre las instituciones públicas y el sector privado.

Indicó que la DNIT está trabajando con otros organismos y que el futuro marco requerirá la participación del Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Valores, la SEPRELAD, la ANDE, el MITIC y las empresas del sector.

Orué también anticipó que Paraguay deberá avanzar hacia una regulación de nivel legal, ya que actualmente el principal marco específico es administrativo. Reconoció que la Resolución 47 es un punto de partida, que pueden existir cuestiones todavía no suficientemente claras y que la experiencia permitirá decidir si algunos requisitos deben endurecerse, simplificarse o modificarse.

Su mensaje final fue que la DNIT pretende acompañar la innovación, no impedirla, y que el marco futuro debe construirse mediante el diálogo entre el sector público y el privado.

Nuestra conclusión

Hasta aquí, la posición expuesta por Óscar Orué durante la conferencia. A partir de este punto, corresponde realizar algunas precisiones propias.

La Resolución 47 debe ser tenida en cuenta por quienes operan con criptoactivos: incorpora una obligación específica de ordenar e informar operaciones que hasta ahora no estaban alcanzadas por un régimen especial, también DNIT dice estar desarrollando capacidad tecnológica para analizar movimientos en blockchain y cruzarlos con otras fuentes de información.

Sin embargo, la resolución crea una obligación de información; no define por sí sola un nuevo impuesto ni resuelve todas las situaciones posibles. La principal cuestión pendiente es aclarar cuándo se considera obtenida una ganancia: al vender o utilizar el activo, o por el simple aumento de su valor al cierre del año. Las respuestas brindadas durante el intercambio mostraron que este punto todavía necesita un criterio formal, escrito y uniforme.

También debe evitarse la idea de que existe una tasa única para todos. El tratamiento puede variar según se trate de una persona física o una empresa, de una inversión propia o un servicio, y según la forma en que se produjo el ingreso.

Por eso, el límite de USD 5.000 debe entenderse correctamente: determina cuándo nace la obligación especial de informar, pero no funciona como una exoneración general de impuestos. A la inversa, superar ese monto y presentar la declaración tampoco significa que cada movimiento genere automáticamente una deuda tributaria.

Para las personas y empresas que ya operan con criptoactivos, el paso inmediato debería ser ordenar los movimientos de 2026, conservar los reportes de exchanges y billeteras, diferenciar las transferencias propias de las operaciones con terceros y documentar el origen y costo de los activos. En Sánchez Venzano & Asociados acompañamos la revisión tributaria y jurídica de estas operaciones, con el objetivo de que la información presentada sea coherente con la actividad realizada y pueda sostenerse tanto ante la DNIT como ante el sistema financiero.

La medida fue anunciada conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Migraciones, y encuentra sustento normativo principalmente en la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones” y en la reciente Resolución MIC N.º 0283/2026, que reglamenta los requisitos para la expedición de la Constancia de Inversionista Extranjero (CIE).

Desde una perspectiva jurídica y económica, el nuevo régimen constituye un paso relevante dentro de la estrategia estatal orientada a posicionar a Paraguay como una jurisdicción competitiva para la radicación de capital extranjero, combinando incentivos migratorios, simplificación administrativa y un entorno tributario favorable.

La base legal del régimen

La figura del inversionista extranjero con acceso directo a residencia permanente ya se encontraba prevista en el artículo 46 de la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones”, que exceptúa del requisito de residencia temporal previa a aquellos extranjeros que acrediten inversiones en la República del Paraguay conforme al sistema SUACE.

La Resolución N.º 0283/2026 del MIC reglamenta específicamente los requisitos y procedimientos aplicables para obtener la denominada Constancia de Inversionista Extranjero (CIE), documento indispensable para acceder a dicho beneficio migratorio.

La normativa deroga además el régimen anterior contenido en la Resolución N.º 1052/2025, incorporando nuevas categorías de inversión y ajustando los criterios de evaluación conforme a parámetros de razonabilidad, eficiencia administrativa y seguridad jurídica.

Las modalidades de inversión habilitadas

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva reglamentación es la diversificación de las modalidades de inversión admitidas para acceder al régimen.

La normativa distingue actualmente cuatro categorías principales:

1. Inversiones productivas

Comprenden inversiones destinadas a actividades industriales, comerciales o de servicios, vinculadas a la creación y mantenimiento de empleo formal.

El monto mínimo exigido es de:

• USD 70.000

Asimismo, la reglamentación exige la presentación de un plan de negocios y la generación mínima de cinco empleos formales.

Desde el punto de vista regulatorio, esta categoría mantiene un enfoque tradicional orientado a inversión productiva real y desarrollo económico directo.

2. Inversiones turísticas

La nueva normativa incorpora expresamente inversiones vinculadas al sector turístico, incluyendo proyectos de infraestructura, servicios y explotación de actividades turísticas.

El monto mínimo requerido es de:

• USD 150.000

Esta incorporación resulta particularmente significativa considerando el interés estatal en fortalecer sectores vinculados al turismo receptivo y al desarrollo regional.

3. Inversiones a través de instrumentos financieros

La reglamentación reconoce también inversiones financieras como vía válida para acceder al beneficio migratorio.

En este caso, el monto mínimo asciende a:

• USD 200.000

La inversión deberá mantenerse por un plazo mínimo de dos años y encontrarse respaldada por entidades habilitadas por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay.

Esta modalidad evidencia una apertura hacia perfiles de inversión patrimonial y financiera, sin necesidad de administración directa de emprendimientos ni generación obligatoria de empleo.

4. Inversiones inmobiliarias

Finalmente, se habilita expresamente el acceso al régimen mediante inversiones inmobiliarias.

El monto mínimo requerido es igualmente de:

• USD 200.000

La normativa admite tanto adquisiciones mediante escritura pública como contratos privados con certificación notarial, siempre que se acredite al menos el pago del 30% del monto declarado como inversión total.

Requisitos documentales y compliance

Desde una perspectiva de compliance y prevención de lavado de activos, el régimen incorpora exigencias relevantes.

Entre los principales requisitos documentales se encuentran:

• documentación de identidad y movimientos migratorios;

• certificados de antecedentes penales apostillados o legalizados;

• certificado de INTERPOL Paraguay;

• declaración jurada de origen de fondos;

• documentación financiera y bancaria que respalde la solvencia económica del inversionista.

Asimismo, la resolución establece expresamente la intervención y coordinación con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), especialmente respecto a la trazabilidad y licitud de los fondos involucrados.

En este sentido, el nuevo régimen busca equilibrar flexibilidad migratoria con estándares mínimos de control financiero y debida diligencia.

Simplificación administrativa y digitalización

Otro aspecto destacable del nuevo esquema es el enfoque orientado a la simplificación de trámites.

La resolución encomienda al SUACE la expedición de la Constancia de Inversionista Extranjero en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción del expediente completo.

Además, las autoridades anunciaron que gran parte del procedimiento será digitalizado, requiriéndose presencia física en Paraguay únicamente para etapas vinculadas a identificación y documentación personal.

Esta tendencia responde a modelos internacionales de atracción de inversiones que priorizan rapidez operativa, ventanillas únicas y reducción de barreras burocráticas.

¿Qué es el arbitraje y por qué importa?

El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual las partes acuerdan que una controversia sea resuelta por árbitros privados, en lugar de acudir a la justicia ordinaria.

En la práctica, esto permite resolver disputas de manera generalmente más rápida, técnica y especializada que un juicio tradicional. Es ampliamente utilizado en contratos comerciales, inversiones, construcción, energía, infraestructura y negocios internacionales.

La nueva ley paraguaya reconoce expresamente que toda cuestión patrimonial y transigible puede someterse a arbitraje, incluyendo arbitrajes nacionales e internacionales.

Una ley alineada con estándares internacionales

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley N.º 7561 es que adopta principios modernos del arbitraje internacional, muchos de ellos inspirados en la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL), utilizada como referencia en numerosos países.

La normativa fortalece principios clave como:

• autonomía de la voluntad de las partes;

• mínima intervención judicial;

• independencia del tribunal arbitral;

• flexibilidad procesal;

• reconocimiento de comunicaciones electrónicas;

• ejecutabilidad de los laudos arbitrales.

Esto acerca al Paraguay a estándares utilizados en centros arbitrales internacionales y reduce la percepción de incertidumbre jurídica en operaciones complejas.

Menor intervención judicial: uno de los cambios más importantes

La nueva ley establece de manera expresa que los jueces no pueden interferir en el arbitraje salvo en casos específicamente previstos por la propia normativa.

Incluso, la ley dispone que los tribunales ordinarios tienen prohibido suspender un proceso arbitral mediante medidas cautelares, amparos u otras vías judiciales, salvo los mecanismos excepcionales previstos legalmente.

Este punto es especialmente importante porque históricamente uno de los principales problemas del arbitraje en algunos países de la región ha sido precisamente la judicialización excesiva de los procesos arbitrales.

La ley paraguaya busca corregir eso fortaleciendo el principio de autonomía del arbitraje y limitando el control judicial únicamente a situaciones concretas, como:

• medidas cautelares;

• ejecución de laudos;

• acciones de nulidad;

• reconocimiento de laudos extranjeros.

El Estado paraguayo podrá someterse a arbitraje

Otro de los cambios más relevantes es que la ley habilita expresamente al Estado, municipalidades, entidades binacionales y sociedades con participación estatal a someter sus contratos a arbitraje, siempre que no se trate de cuestiones exclusivamente regidas por el derecho público.

Esto tiene un impacto enorme en términos de inversión y contratación pública.

En proyectos de infraestructura, energía, concesiones o asociaciones público-privadas, los inversores suelen exigir mecanismos arbitrales independientes como condición para operar. La posibilidad de acudir a arbitraje genera mayor previsibilidad y disminuye el riesgo percibido.

La ley además establece que, cuando intervenga el Estado, el arbitraje deberá ser “de derecho” y respetar el principio de publicidad, buscando equilibrar eficiencia con transparencia.

Medidas cautelares más eficientes

La ley otorga amplias facultades al tribunal arbitral para dictar medidas cautelares, incluyendo:

• embargos;

• inhibiciones;

• prohibiciones de innovar;

• preservación de pruebas;

• medidas urgentes sin audiencia previa en casos excepcionales.

Además, obliga a los jueces a ejecutar dichas medidas sin revisar el fondo de la decisión arbitral, fortaleciendo la efectividad práctica del sistema.

Esto puede representar una diferencia importante en litigios empresariales donde el tiempo suele ser determinante.

Laudos arbitrales: definitivos y difíciles de anular

La ley también endurece considerablemente los límites para cuestionar un laudo arbitral.

La acción de nulidad pasa a ser la única vía de impugnación y únicamente podrá basarse en causales taxativas y restrictivas, como:

• falta de notificación;

• incapacidad de una de las partes;

• violación al debido proceso;

• materias no arbitrables;

• violación al orden público.

Además, la autoridad judicial tiene expresamente prohibido revisar el fondo de la controversia o reinterpretar los criterios del tribunal arbitral.

Esto genera mayor previsibilidad y evita que el arbitraje termine convirtiéndose en una instancia previa a un litigio judicial largo.

La normativa introduce modificaciones relevantes al Código Procesal Civil y busca reforzar la seguridad jurídica en los juicios ejecutivos vinculados a cheques, pagarés, vales y otros títulos de crédito, incorporando de forma más estricta el principio de “necesidad documental”.

¿Cuál es el cambio principal?

A partir de esta reforma, cuando un acreedor promueva un juicio ejecutivo basado en un título de crédito original (por ejemplo, un pagaré o cheque), deberá depositar el documento original en la secretaría del juzgado durante toda la duración del proceso judicial.

La lógica detrás de la reforma es evitar que el título continúe circulando mientras existe un reclamo judicial en trámite y garantizar que el deudor pueda recuperar el documento una vez realizado el pago.

Figura del “depositario judicial”

La ley también incorpora una alternativa: el acreedor podrá solicitar quedarse físicamente con el documento, pero bajo la figura de “depositario judicial”. En ese caso:

• El juzgado deberá realizar una anotación en el título indicando que está sometido a proceso judicial.

• El acreedor tendrá obligación de exhibir y presentar el documento cada vez que el juzgado lo requiera.

• El incumplimiento podrá considerarse quebrantamiento de depósito, con posibles consecuencias penales.

Entrega del título al deudor tras el pago

Otro punto importante es que la ley regula expresamente la devolución del título original al deudor una vez cancelada la obligación reclamada judicialmente. Inclusive, si el pago se realiza mediante fondos depositados judicialmente, el ejecutante no podrá retirar el dinero antes de que el título original esté nuevamente a disposición del juzgado.

Impacto práctico

La reforma probablemente generará cambios operativos importantes en la tramitación de juicios ejecutivos:

• Mayor formalidad en el manejo físico de títulos de crédito.

• Nuevas cargas administrativas para juzgados y profesionales litigantes.

• Necesidad de control documental más estricto por parte de estudios jurídicos y empresas.

• Reducción del riesgo de circulación paralela del título mientras existe litigio.

• Mayor protección al deudor respecto a la devolución del documento cancelado.

La ley todavía no entra en vigencia automáticamente: el Ejecutivo debe promulgarla y luego la Corte Suprema deberá reglamentar el sistema mediante Acordada en un plazo máximo de 120 días. La vigencia comenzará recién una vez dictada dicha reglamentación.

Esta reforma podría tener un impacto significativo en la práctica diaria de litigios ejecutivos y en la gestión documental de títulos de crédito dentro de empresas, entidades financieras y estudios jurídicos.